La medida, inédita, marcó el comienzo de la persecución a cientos de ex agentes de inteligencia, cuya identidad era desconocida por las organizaciones de derechos humanos, y ya se registraron denuncias en Buenos Aires, Tucumán, Neuquén y Río Negro.
De este modo, se violó la Ley de Inteligencia 25520 y el Decreto 4/2010, que limita la divulgación de este tipo de información a los requerimientos de la justicia o de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia.
Por su parte, la viuda del teniente coronel Horacio Fernández Cutiellos, caído en La Tablada, denunció a la cúpula del Ejército, porque el nombre de aquél fue incluido falsamente en los listados.
También el Dr. Enrique Piragini y yo presentamos una denuncia pidiendo se investigue la violación de secretos de Estado.
A todo esto, trascendió que el objetivo final del listado sería producir una purga de alrededor de 500 agentes que ingresaron en la época del proceso.
En un clima enrarecido, hay amenazas -hubo hasta balazos contra la casa de un suboficial- y muchos PCI (Personal Civil de Inteligencia) habrían enviado cartas documento haciendo responsable a la cúpula militar por exponerlos, violando las normas que protegen a los servicios de inteligencia.
A todo esto, el Dr. Piragini y yo recibimos amenazas por teléfono y mail, fuimos objeto de visitas extrañas y de seguimientos indisimulados como parte de un clima de intimidación por el cual estamos tramitando denuncias en distintos ámbitos.
Estos operativos clandestinos terminan a veces en intimidaciones más fuertes, a través de hechos delictivos que parecen comunes pero que en realidad no lo son.
Mientras tanto, llegaron distintas denuncias contra el alma mater de la operación de las listas, el Director de Inteligencia General César Milani.
Luego de chequear la verosimilitud de la información, la publicamos, con la aclaración de que se trata de denuncias anónimas, lo que no obsta a que puedan ser verdaderas.
Lo mismo hacemos hoy con el nuevo documento que recibimos ayer, profundizando imputaciones por corrupción contra la Ministra Nilda Garré y Milani.
Ni el Ministerio de Defensa ni el Ejército desmintieron las publicaciones anteriores.
Un informe ya estaría en poder de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia.
Las intimidaciones que sufrimos no nos liberan -más bien todo lo contrario- de la obligación de informar.
La inmobiliaria Garré-Milani
La denuncia recibida señala que Milani dispondría “a su total arbitrio” de tres empresas que antes fueron propiedad de Inteligencia de Ejército.
Se trata de Orgafin S.A., Mejala S.A. y Plantautar S.A., constituidas respectivamente en el 65, el 88 y el 77. Recientemente, los administradores de estas sociedades habrían recibido instrucciones de vender cuanto antes las propiedades que estas empresas poseen.
Obviamente, esta búsqueda de liquidez hablaría de una próxima retirada o de la necesidad de borrar huellas.
La denuncia consigna que el inmueble de la calle Basualdo 438, ex sede de la Escuela de Agentes de Inteligencia Militar, con 3000 metros cuadrados, habría sido vendido en U$S 300.000, cuando su valor es tres o cuatro veces superior.
Se señala también que los compradores “estarían vinculados familiarmente a Milani”. Luego el informe consigna que, en el caso de “Plantautar S.A., se habría decidido vender todo el paquete accionario de la empresa, en el que están incluidos los inmuebles.
La operación rondaría los U$S 300.000 e incluiría dos inmuebles importantes: 1000 metros cuadrados de oficinas y cocheras ubicados en Cucha Cucha al 1200 y un piso de oficinas de 250 metros en Paraná entre Corrientes y Lavalle.
Entre los posibles compradores aparece Alberto Majul, que podría estar vinculado a Milani y a su hermano, un importante dirigente K de Córdoba.
En su parte final, el documento formula preguntas:
¿Cómo se hará para registrar estas ventas de bienes de empresas privadas a precio vil, sin perjudicar a los accionistas, que sólo son agentes de inteligencia que cumplen órdenes?
Estas empresas no tienen vinculación alguna legal, formal ni administrativa con la Dirección de Inteligencia del Ejército:
¿cómo se registrará el ingreso de los fondos obtenidos al patrimonio estatal? De no ser así:
¿Cuál será el destino de esos fondos? ¿Cómo se resolvieron estos mismos aspectos en ventas anteriores, por ejemplo, la de un inmueble en Puerto Madero?
¿Cuál es el nivel de solvencia de los compradores para realizar estas operaciones?
Milani está considerado como el candidato más firme a ser el próximo Jefe de Estado Mayor.
Resulta difícil pensar que esta extraña operatoria inmobiliaria no cuente con la luz verde del poder político, en un régimen que se caracteriza por controlarlo todo.
Y más todavía si se trata de la caja.
Carlos Tortora
por favor que alguien investigue como estan rovando en el batallon de intendencia 601 antonio del pino siguen como el año pasado rovandocon la panaderia y la zapateria por favor que alguien haga algo tienen ala gente bajo amenasas constantes y ademas en los zotanos se encontraron documentos DNI de desaparecidos en dictadura por favor que alguien haga algo urgente
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